Aguirre pone en manos privadas el control de los nuevos hospitales

24/08/2011
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Esperanza Aguirre puso en marcha en 2008 siete hospitales nuevos a la vez con un sistema, inédito en Madrid, que le permitía desentenderse de todo lo que no fuera asistencia sanitaria. Mediante una concesión administrativa, encomendó a varias empresas la construcción de los edificios y la gestión de todo menos lo estrictamente sanitario: administración, limpieza, restauración, mantenimiento, esterilización... Las empresas eran propietarias de los edificios y gestionaban todos los servicios. Si lo hacen bien o mal, si cumplen las condiciones o si subsanan a tiempo los errores, está también en manos privadas. La Comunidad de Madrid se gasta 1,2 millones de euros al año en contratar a una empresa para que supervise a las concesionarias de los hospitales.

La empresa que gane el concurso para "monitorizar los contratos de concesión de obra pública" de siete de los nuevos hospitales deberá prestar apoyo a la Administración para "la supervisión en cuanto al correcto y continuo funcionamiento de los servicios no sanitarios que deben prestar las sociedades concesionarias", asegura el pliego de condiciones técnicas. El trabajo consiste en controlar "la disponibilidad y calidad" de los servicios privatizados y dar apoyo a la Unidad Técnica de Control. Los siete hospitales públicos de gestión mixta público-privada son Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Cristina (Parla), Henares (Coslada), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Sureste (Arganda) y Tajo (Aranjuez). La vigencia del contrato, que actualiza otro ya existente, empieza el 21 de diciembre próximo y se ejecutará durante dos años. La Comunidad pagará 2,4 millones de euros en total en estos dos años.

El nuevo modelo de gestión hospitalaria consiste en que la Comunidad paga un alquiler anual a las empresas constructoras, de forma que se convierte en inquilina de sus propios hospitales durante 30 años. Las UTE que construyeron los edificios gestionan todos los servicios no sanitarios: seguridad, residuos, conservación de viales y jardines, lavandería, transporte interno, etcétera. Y explotan la parte comercial: tiendas, máquinas expendedoras, cafetería y comedor, aparcamiento, teléfono y televisión en las habitaciones. El coste del alquiler, el canon anual que paga la Comunidad, es de 138 millones de euros en 2011.

Sanidad pagará 2,4 millones a una empresa para que supervise a las contratas
La Cámara de Cuentas llamó la atención al Servicio Madrileño de Salud el año pasado por no controlar suficientemente la calidad de los servicios que prestan las entidades privadas o fundaciones a las que deriva a los pacientes mediante convenios o conciertos. El informe, referido al año 2007, decía sobre los nuevos hospitales que se iban a poner en marcha que "en ejercicios futuros será necesario que Sanidad refuerce sus unidades de control" para garantizar que la asistencia sanitaria "sea prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos los ciudadanos".Pese a que el concurso se publicó el pasado 28 de julio en el boletín oficial, los pliegos de condiciones están fechados el 6 de junio, apenas un mes después de que el entonces candidato socialista a la presidencia de la Comunidad, Tomás Gómez, mostrara durante un debate televisivo con la presidenta de la misma, Esperanza Aguirre, una carta de las constructoras de los nuevos hospitales al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. En la misiva, la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España (Seopan) alertaba del "colapso" de las concesiones si la Comunidad no les pagaba 80 millones de euros que consideraba que les debía y aumentaba el canon anual en otros 9,2 millones de euros. Seopan aseguraba que había puesto una veintena de recursos contencioso-administrativos por lo que consideraba "incumplimientos".

Las constructoras se quejaban, por ejemplo, de que sirven más comidas a los enfermos de las que deberían, o que el servicio de esterilización trabaja más de lo que luego se les paga. También criticaban que los accionistas de sus empresas están recibiendo menos dinero después de que el pasado 1 de enero se modificara el plan general contable y disminuyera la rentabilidad del negocio. Sobre uno de los puntos más importantes, el IVA que facturan a la Comunidad, las empresas argumentan que debe ser con el tipo general y no con el reducido. Sin embargo, una sentencia del pasado 4 de abril dio la razón a la Comunidad frente a la concesionaria del hospital del Sureste.



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